Por Rosario Espinal
rosares@hotmail.com
Cada presidente agrega instituciones y empleados para agrandar la red clientelar que ampara la legitimidad de los gobiernos dominicanos. Danilo Medina cerró algunas pequeñas oficinas, pero dejó el personal para ser reubicado en nuevos programas. Efecto ahorro: probablemente cero.
¿De dónde sale el dinero para costear este Estado abultado? De un pueblo que por más que le digan que la presión fiscal es baja no aguanta, en su mayoría, pagar más impuestos.
Comencemos por los ministerios. En un país pequeño de 10 millones de habitantes hay 21 ministerios. Reducir el número sería una decisión lógica, pero implicaría eliminar personal, y ahí se traba cualquier reforma del Estado Dominicano.
Por ejemplo, no se necesita un Ministerio de Deportes ni uno de Juventud, pero si no lo van a eliminar, podrían fusionarlos. El deporte escolar debe ser responsabilidad del Ministerio de Educación, y el resto de las actividades deportivas que incumben al gobierno son fundamentalmente para jóvenes. Con estos ministerios fusionados se ahorraría con un ministro en vez de dos, seis vice-ministros en vez de 12, la mitad de los vehículos, gasolina, oficinas y directores regionales, secretarias y ayudantes.
Tampoco se necesita un Ministerio de la Presidencia y otro Administrativo de la Presidencia. Deberían fusionarse en un Ministerio de la Presidencia que abarque ambos. Ahí también se ahorraría reduciendo a la mitad muchos gastos.
En conclusión, de 21 ministerios, podrían reducirse a unos 15 que fueran más eficaces y económicos. Si predominara la racionalidad estatal, se haría, pero el clientelismo lo impide.
También deberían fusionarse dependencias del Estado que han crecido como yerba mala. Por ejemplo, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) que creó Leonel Fernández para la construcción del Metro debe ser una dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, o estar fusionada con otras entidades públicas destinadas a regular el transporte.
Veamos las altas cortes. La Constitución Dominicana de 2010 creó el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral en adición a la Suprema Corte de Justicia.
Tener 13 jueces en un Tribunal Constitucional en un país de 10 millones de habitantes es una aberración administrativa. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, un país de más de 300 millones de habitantes, tiene nueve jueces. Pero en República Dominicana hay 17 jueces en la Suprema Corte, 13 en el Tribunal Constitucional y 5 en el Superior Electoral (35 en total).
El Tribunal Constitucional lo hicieron gigante para acomodar facciones políticas, y el Tribunal Superior Electoral es innecesario porque habrá elecciones cada cuatro años. Fuera de algunas disputas electorales, los conflictos partidarios de naturaleza legal son mínimos, expulsiones casi siempre como escenifica ahora el PRD, por lo que debió especializarse una corte regular para tratar asuntos electorales cuando fuese necesario.
Todos esos ministerios y cortes tienen un funcionariado de altos sueldos, con vehículos caros, consumo de gasolina, secretarias y ayudantes, quieren edificios remodelados, y además, inventan lujosas pensiones como hizo la Junta Central Electoral.
¿Y qué decir del Banco Central, la Superintendencia de Bancos o el Banco de Reservas? De ahí salen millonarios los altos funcionarios.
Sobre el Congreso basta indicar que un sistema unicameral como tienen los países centroamericanos hubiese sido suficiente y más económico. Pero la nueva Constitución Dominicana aumentó (en vez de reducir) el número de diputaciones para acomodar más políticos, y mantuvo intacto el Senado. El número de provincias y municipios es también excesivo y agranda la nómina pública.
El pueblo dominicano no puede seguir costeando con más impuestos este abultado Estado para que un grupo se convierta en clase privilegiada por sus vínculos políticos.
Tomado de acento.com.do
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