Por Fernando Rodríguez Céspedes
Tomado de maoenelcorazon.com
En nuestro país, existe una amplia y rica legislación para un ordenamiento social eficiente y sostenido que nos conduzca, como nación, por los caminos de la institucionalidad y el desarrollo político, social y económico.
El fallo radica en la falta de autoridad como señalara recientemente el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez al referirse a la falta de control que existe en la Zona Colonial de la capital ante los escándalos nocturnos de los centros de diversión.
Esta situación, no es exclusiva de la referida zona, sino de todo el país y las causas originarias hay que buscarlas en el populismo de nuestras autoridades en su afán continuo y electorero de parecer simpáticos “dando chances” y siendo tolerables ante personas y situaciones violatorias de la ley.
Esta tendencia social y políticamente manejada, lleva a las autoridades civiles a intervenir ante las policiales y militares a favor de personas que al sentirse protegidas, violan constantemente las leyes creando la situación de indefensión e impunidad que padece nuestra sociedad.
Y, aunque nos referimos a la contaminación sónica, que la puede provocar no solo los negocios o centros de diversión, sino hasta cualquier vecino desaprensivo o anunciante desaforado en sus vehículos anunciadores, el problema es mayor y alcanza niveles de alta peligrosidad.
Puede afectar la seguridad ciudadana como es el caso de las famosas metaleras que exportan toneladas anuales de metales reciclados, que no produce el país, en beneficio de unos pocos millonarios y en detrimento de la ciudadanía que observa con pavor la tolerancia y privilegios oficiales que exhiben estos señores.
Estos privilegios son tan grandes que permiten que el robo de cables eléctricos y telefónicos dejen sin servicios a amplios sectores de la población, las tapas de la alcantarillas son sustraídas con el peligro que conlleva esta situación para conductores y transeúntes y hasta los puentes y torres eléctricas corren riesgos de colapsar.
Los monumentos públicos son robados o mutilados, las inscripciones en letras o tarjas de bronce de estos, de residenciales, centros comerciales u oficinas públicas y privadas son sustraídas descaradamente y hasta verjas metálicas han sido desmanteladas.
Y todos estos inconvenientes podrían cesar si se tomaran medidas drásticas administrativamente o se aprobara el proyecto de ley que cursa en el Congreso que busca suspender por diez años la exportación de metales que no producimos, pero eso es pedir demasiado.
El interés ciudadano es supeditado al privilegio de unos cuantos que se lucran alegremente de la falta de autoridad que padece nuestro país y al ciudadano indefenso solo le queda preguntar: ¿hasta cuándo seguiremos por estos vergonzantes derroteros?
El autor es periodista.
26 de Junio del 2012.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo se publicarán los comentarios que respeten el derecho de los demás a disentir.