Por José Figuereo
Cuando el pueblo dominicano asumió con determinación la lucha por la revisión del contrato del Estado con la empresa minera Barrick Gold, muchos creímos en la validez y lo conveniente de esa lucha. No nos quedaba dudas de que el resultado sería positivo para las finanzas del Estado, aunque no estuviéramos tan seguros de que se le daría el mejor de los usos al dinero que el Gobierno percibiese del nuevo tratado.
Finalmente, se anunció que se convino en un nuevo acuerdo y que el mismo se llevará al Congreso Nacional para su consideración y aprobación.
Después de echar una mirada crítica al pasado reciente y a este respecto, debemos admitir cuan ingenuos hemos sido al pensar que podíamos lograr un acuerdo de explotación minera realmente favorable al país, en el que exista un balance entre el beneficio económico y la preservación del ambiente. Si observamos lo que está pasando con el medio ambiente en Cotuí y los efectos negativos que la explotación del oro está dejando en sus habitantes y en la naturaleza, debemos repensar el asunto. No hay justeza en esto. No es verdad que “el pueblo dominicano recibirá una compensación justa por la extracción de recursos de su territorio”, como afirmó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, al anunciar el acuerdo. No hay oro, ni dinero en el mundo que pueda resarcir el desastre ecológico que nos está dejando este negocio.
Por otro lado, si relacionamos este tema al del pago de la energía eléctrica a los famosos generadores, tendremos que admitir que los $11,615 millones de dólares que se supone que el Estado dominicano recibiría en el tiempo que dure el contrato con la Barrick (unos 25 años) servirán para muy poca cosa, para decirlo con algo de positividad. Hace poco, Rubén Jiménez Bichara dijo que, desde inicio del año pasado hasta hoy, se han “pagado” $2,000 millones de dólares a las empresas generadoras de energía eléctrica. Saque usted la cuenta y verá que a ese paso no hay novillo que llegue a toro.
Más triste aún resultaría la historia esta si sumamos a esta reflexión la opinión recientemente expresada por la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, respecto al robo del erario público en nuestro país.
¿De qué nos servirían los celebrados $11 mil millones de dólares?
De Cotuí solo quedará un ambiente inutilizado, destruido, contaminado e inhabitable para las presentes generaciones y otras muchas más por venir.
Este contrato, más que revisado, debe ser rescindido.
Todos, menos la Barrick Gold y sus socios nativos, lo vamos a lamentar.
Z-101
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