NECESITAMOS MÁS QUE EL “ESTADO DE DERECHO”

Por Manuel Salazar

“Cuando el hambre da calor (¿la batata es un refresco?)”

Los cambios democráticos se han retardado y el caudillismo, o el predominio de las personalidades, pervivido tanto en nuestro país, que cualquier modificación elemental en las normativas jurídicas se considera un paso significativo de avance. El “algo es algo” termina dominando.

Con el predominio del neoliberalismo en el planeta, y la puesta en moda de las concepciones de la democracia liberal de Hegel, en nuestro país comenzó un proceso de privatizaciones dirigidas por el gobierno del PLD. En correspondencia con este afirmó, o tomó cuerpo, una llamada “primera ola” de reformas en las instituciones jurídicas.

Como casi todo lo de ese proceso, las recetas fueron recomendadas por los poderes imperiales y traídas desde el extranjero. Las leyes y códigos que resultaron son “enlatados”.

El resultado más que evidente es que el Estado no resuelve los problemas del pueblo, y el mercado agrava cada vez más esos problemas; y esta es una cuestión principal en este momento de la vida de la República Dominicana. Como en muchos otros países donde se impuso el programa privatizador del Consenso de Washington.

Y entonces, aquí, como en muchas partes del planeta, se han buscado y buscan las maneras de “corregir” los fallos o consecuencias negativas de esa política, y aparecen corrientes como el “neo- institucionalismo”, que no es más que otra receta del poder imperial para mantener maquillada la economía de mercado.

¡Que se cumplan las leyes! ¡Que se hagan bien y se cumplan los contratos y reglamentos! Esta es la demanda de esa derivación del neo- liberalismo que es el neo- institucionalismo.

Es simpática la idea de “que se cumplan las leyes y se respete el Estado de derecho”. Parece incluso revolucionaria, en medio de una sociedad en la que a todos los niveles imperan la corrupción, la delincuencia y la impunidad.

A esta concepción, que repetimos se hace simpática en un país en desorden, como por lo mismo a muchos y muchas resulta también simpática la idea del “gobierno de mano dura” y hasta la del que “que venga un Trujillo”, no le es reñida la privatización de los recursos públicos, ni la entrega del patrimonio nacional a capitales extranjeros; por el contrario, le son consustanciales. A esa lo que le importa es que la ley, o los contratos, mediante los cuales se hacen esas transferencias, estén bien hechos y que las partes las cumplan. Que los gobernantes se ciñan a los mismos y los hagan cumplir. Nada más.

La Constitución de Leonel se inscribe en ese precepto neo- institucionalista.

Muchas de las ideas de Joseph E. Stiglitz también, reivindicadas por cierto, por muchos y muchas que se asumen alternativos.

Que no haya confusión. Somos partidarios de que la sociedad viva en regla. De que haya una cultura de cumplimiento a los compromisos, escritos o verbales. El caos solo es bueno para los que lo organizan, que son los que están arriba.

Pero por encima de todo, somos partidarios de que el pueblo tenga bienestar material y espiritual; que haya empleos en cantidad y calidad, bien remunerados; que haya libertad sindical para que la clase obrera y los-as trabajadores-as se organicen y puedan reclamar mejores salarios; que los-as niños-as y jóvenes puedan estudiar, recrearse y hacer deportes; que el patrimonio nacional sirva al bienestar de la presente y futura generaciones; que los impuestos que paga el pueblo le sean devueltos con eficiencia y eficacia en servicios públicos de calidad; que el Estado garantice una seguridad social pública, de amplia cobertura y calidad.

Cuando se dan estas condiciones, entonces y solo entonces, por ejemplo, sería penalizado engancharse de manera ilegal en el servicio de energía eléctrica. Mientras, encontrará cobijo legítimo la máxima según la cual “ladrón que le roba a ladrón, tiene 100 años de perdón”.

Aquel ideal de sociedad debe ser conquistado, porque no existe en nuestro país. Esta sociedad debe disponer de su correspondiente normativa jurídica, sustancial y adjetiva, que igual debe ser conquistada.

El actual “Estado de derecho” es un conjunto de leyes, normas y contratos que legalizan el enriquecimiento ilícito, la pobreza de las grandes mayorías populares, la explotación de la fuerza de trabajo con salarios precarios, la entrega del patrimonio y las fuerzas productivas nacionales a capitales foráneos, en fin, da legalidad jurídica a todos los males que sufren la nación y pueblo dominicanos y, por tanto, solo es simpático a quienes no entienden el fondo de la cuestión y a los beneficiarios del actual orden de cosas.

Por eso, hay que superar ese “Estado de derecho”, jamás reivindicarlo.